Hace ya casi medio siglo, el economista canadiense George Doxey se adentró en el estudio de un terreno hasta entonces inexplorado: tratar de entender el comportamiento de las poblaciones locales frente al turismo. De sus investigaciones, llevadas a cabo en el entorno de las cataratas del Niágara y en la isla caribeña de Barbados, salió lo que se conoce como el índice de irritabilidad turística, compuesto por cinco fases; la euforia, marcada por las perspectivas de nuevos ingresos; la apatía, en la que se ve al visitante como un simple generador de negocio; la irritabilidad, momento en el que aparece el malestar por la masificación; el antagonismo, que es cuando se ve al turista como causante de todos los males; y, por último, la rendición. En esta fase, el residente asume resignado el cambio que ha sufrido su entorno y se inicia un período de declive. Tal vez una parte de la sociedad canaria se encuentre en el estadio cuatro de esta escala, sujeta a muchas críticas, al tratarse de un modelo lineal, una especie de molde compuesto por secuencias donde la realidad no siempre encaja. Supongo que los vecinos de la compostelana rúa de San Pedro, hartos de que las turbas de peregrinos los despierten cantando a las siete de la mañana, se encontrarán también en el nivel cuatro de la escala de Doxey. Y también quienes no encuentran piso por la hiperinflación de una oferta dirigida al visitante. Lo de Canarias o lo de la rúa de San Pedro abre un debate trascendental, que no debe resolverse con las advertencias del peligro que entraña la turismofobia. Evidentemente, estamos ante un sector estratégico —en generación de riqueza y de empleo— que debemos preservar entre todos. Es hora de plantearnos qué queremos, porque el turismo deja ingresos, pero acarrea costes que trascienden lo económico y son de índole social. Costes que deben compensarse. Y en Santiago lo sabemos bien, con una gran parte de su casco histórico entregado incondicionalmente a las esterillas, las mochilas y el comercio de baratijas.